Minería en América Latina : Panorama general

POR

KAREN BOCANEGRA

 – 30 MARZO, 2012PUBLICADO EN: MEDIO AMBIENTE, MINERÍA EN AMÉRICA LATINA, SERIES

Cada día, aparecen nuevas noticias sobre movilizaciones contra la minería en América Latina. La mayoría de estas noticias reflejan la preocupación de las poblaciones afectadas por proyectos de megaminería, conocida también como minería de gran porte o minería a gran escala. Sin embargo, es importante tener claro el alcance de la megaminería para entender las razones de estas movilizaciones.

¿Qué es la megaminería?

Algunos autores señalan que el impacto de una explotación minera depende de diversos factores, tales como el tamaño de la explotación, la localización de la mina, los métodos de explotación (minería a cielo abierto, minería subterránea o minería por lavado y dragado) y las características de los minerales (metálicos o no). Estos factores determinan el tratamiento que se aplicará a la mina[1].

Mina a cielo abierto "La Alumbrera". Catamarca - Argentina. Foto: Periódico El Ciudadano, Chile

Considerando estos factores, la megaminería es la que tiene mayor impacto en el  ambiente y en la población. Las razones son subrayadas por Lucrecia Wagner en los siguientes términos:

“… [la megaminería] no se restringe sólo a la magnitud de la explotación. Incluye también otros aspectos de esta actividad: mina a cielo abierto, separación de minerales y roca con la utilización de sustancias potencialmente contaminantes – cianuro o ácido sulfúrico, por ejemplo –, utilización de importantes volúmenes de agua y energía, la generación de drenaje ácido de mina (DAM) y potenciación del drenaje ácido de roca (DAR), entre otros posibles impactos. Asimismo, el prefijo mega indica que se trata de grandes proyectos, llevados a cabo por empresas multinacionales, cuyas ganancias son sumamente superiores a los beneficios que reciben tanto la provincia como el país”.

Ahora bien, la autora también aclara que una explotación minera puede ser considerada megaminería aunque sólo  cumpla alguna de estas condiciones. Es decir, aunque se trate de un proyecto de minería superficial, si se utilizan sustancias potencialmente contaminantes en grandes proporciones, también se podría considerarse como megaminería.

Megaminería en América Latina: “Pan para hoy, hambre para mañana”

En América Latina, la megaminería ha sido promovida como una alternativa de “desarrollo” y financiada por algunos organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Marcha contra la minería en Ecuador. Foto: James Rodrígues/MiMundo.org

El origen de esta concepción se encuentra en lo que Maristella Svampa llama el “Consenso de los Commodities” para referirse al período económico que siguió al Consenso de Washington en la región. Este nuevo período está basado “…en la extracción y exportación de bienes primarios a gran  escala, sin mayor valor agregado, hacia los países más poderosos (…) caracterizado por las altas tasas de  crecimiento y las ventajas comparativas -que en líneas generales persisten, aún en el marco de la reciente crisis económica y financiera global-, gracias al boom en el precio de las materias primas”.

Asimismo, Gian Carlo Delgado señala que está situación se ve impulsada por elementos como el aumento mundial en la demanda de materiales y de energía –por el crecimiento poblacional y el aumento en los patrones de consumo-, así como a la visualización del agotamiento de las reservas de algunas materias primas, “en particular de aquellas de más fácil acceso y por tanto cuya extracción es más rentable”.

Con relación a este punto, para ilustrar esta situación resulta interesante revisar los datos sobre la dependencia de materias primas en la Unión Europea, en el documento Critical Raw Materials for the EU. Report of the Ad-hoc Working Group on defining critical raw materials. En este sentido, Delgado presenta un resumen de este informe en el cual señala que:

“…la Unión Europea ha reconocido 41 minerales clave, de los cuales 14 son críticos (…). Brasil es estratégico en cuanto al abastecimiento europeo casi del total de niobio y buena parte del tungsteno, pero también contribuye con cantidades no despreciables de aluminio y bauxita, arcilla, hierro, tantalio, berilio, magnesita y grafito. Bolivia y Perú llegan a aportar el grueso del antimonio, mientras que Argentina y Chile del borato. Perú aporta la cuarta parte del telurio y hasta la tercera parte del zinc. Perú y Chile en conjunto aportan la mitad del cobre que demanda Europa. Chile más de la mitad del litio y del renio y hasta la tercera parte del molibdeno. México la cuarta parte de la diatomita y el fluorospato y, junto con Perú, la tercera parte de la plata. Además, Bolivia exporta cantidades pequeñas pero no despreciables de tungsteno y Venezuela de vanadio…”

En este contexto, se tiene que esta actividad extractiva está impulsada fundamentalmente por factores externos: la necesidad de los países más ricos de tener fuentes seguras de suministro de minerales; las llamadas políticas de “desarrollo” promovidas por organizaciones internacionales y aceptadas sin reparos por algunos gobiernos; y la búsqueda de beneficios por parte de las empresas transnacionales, aprovechando la coyuntura de altos precios en el mercado internacional. Esta situación se ve favorecida por las débiles regulaciones ambientales, tributarias y sociales que mantienen algunos gobiernos para atraer inversiones extranjeras.

Ahora bien, el “desarrollo” del que tanto hablan los promotores de este tipo de obras no es compatible con las necesidades y el bienestar buscado por las poblaciones que residen en los lugares donde se llevan a cabo estos proyectos. Contrariamente a lo que manifiestan gobiernos y organismos internacionales, muchas comunidades donde se localizan las obras de megaminería en el continente, han expresado su oposición y se han movilizado contra proyectos que ya están en marcha o en negociación.

En este sentido, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), actualmente se registran 156 conflictos mineros en dieciséis países de la región. Estos conflictos afectan a más de 200 comunidades. Considerando la base de datos de OCMAL[8], los países que registran mayor conflictividad son Perú, Chile, Argentina y Brasil.[9] Aunque el siguiente mapa no contempla todos los conflictos mineros,  sí nos permite ilustrar la extensión de esta problemática en toda la región.

los motivos que impulsan a las comunidades locales a oponerse a este tipo de empresas mineras incluyen: desplazamientos forzados de población; altos riesgos de contaminación ambiental, con principal incidencia en los cursos de agua; la falta de información y consulta previa en las poblaciones afectadas; en el caso de pueblos indígenas, el no respeto a los derechos ancestrales sobre sus tierras, entre otros. Como señala José Antonio Rubio, en un artículo de la Revista Pueblos:

“…los grandes proyectos de desarrollo provocan desplazamientos forzados de población y situaciones de violación de los DESCA [derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales]. Según el BM [Banco Mundial], unas 10 millones de personas son desplazadas y reasentadas anualmente de manera forzosa debido a grandes proyectos de infraestructuras”

Los resultados de estos movimientos son diversos: en algunos casos, se ha logrado que los gobiernos suspendan parcial o totalmente los proyectos; mientras que en otros, los gobiernos han ignorado las solicitudes, llegando a reprimir y criminalizar a los manifestantes de estos movimientos.

Dada la dificultad de hacer un balance general de la situación, estaremos presentando artículos dedicados a este tema, en los cuales se abordarán con detalle las circunstancias actuales en cada país de la región.